Corrupción en gestión de Morales sin castigo y millones de dólares no recuperados
Abogados y analistas consideran que los actos de corrupción en el país se normalizaron y volvieron una rutina para la sociedad boliviana, por lo que hay cada vez menos capacidad de reacción. Ante los escándalos del gobierno transitorio, la administración gubernamental actual y la justicia dejan en el olvido los ilícitos cometidos durante las gestiones del expresidente Evo Morales, en las que el Estado perdió millones de dólares que no se recuperaron.
Involucrados en la perdida y saqueo de millones de dólares al Estado Boliviano Durante el gobierno de Evo Morales: Fotos: Internet, Redes Sociales.
Los hechos de corrupción no prosperarán en tanto no se tenga una justicia independiente acomodaticia al poder político de turno, al poder económico, entre otros aspectos, sostiene el legista Ramiro Cárdenas.
A la fecha no se aclararon los ilícitos en la administración de Morales, organizados desde el interior de las instituciones, y que inician con Santos Ramírez en el denominado caso Catler, el exFondo Indígena, caso Barcazas Chinas, CAMC con Gabriela Zapata, Emapa y Entel, Banco Unión, Taladros, entre otros.
ExFondo Indígena.
En 2015 estalló el caso Fondo Indígena, uno de los hechos de corrupción más sonados en la gestión del entonces presidente Evo Morales.
Se develó un daño económico millonario al Estado que involucró a autoridades gubernamentales, directores, técnicos y dirigentes indígenas. Se manejan diversas sumas, sin embargo, se presume que se generó un daño económico de 170 millones de bolivianos.
Se detectaron obras fantasma, desembolsos sin ejecutar y recursos estatales depositados en cuentas personales de los responsables de los proyectos, que en muchos casos eran dirigentes de las organizaciones que administraban el Fondo.
No hubo control en la ejecución de los recursos, se depositaron 685 millones de bolivianos a 978 cuentas particulares de dirigentes aliados al MAS (sólo 60 fueron recursos transferidos a nombre de proyectos).
Nemesia Achacollo, Julia Ramos, entre otros, se encuentran con medidas sustitutivas.
Sólo el exdirector del ex Fondioc, Marco Antonio Aramayo, quien denunció sobre las irregularidades guarda detención en el penal de San Pedro de La Paz, además enfrenta más de 200 procesos.
Caso Camc.
Uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes son algunos de los delitos en el caso Camc.
Gabriela Zapata, exnovia de Morales, como gerente comercial de Camc manejó seis enormes contratos: Empresa Azucarera San Buenaventura, construcción del primer tramo vía férrea Montero-Bulo Bulo, construcción de la presa de Misicuni, proyecto de construcción de la Planta de Sales y Potasio, provisión de redes de gas y de equipos de perforación para YPFB.
Estos contratos fueron financiados con recursos del Banco Central de Bolivia, que ascendieron a 516,8 millones de dólares. Solo los taladros fueron adquiridos con crédito chino.
Barcazas chinas.
El Gobierno pagó por adelantado 28 millones de dólares a empresas coreanas para la fabricación de 16 barcazas y dos remolcadores o empujadores.
El contrato que fue firmado en 2009 con irregularidades, en el marco del proyecto “Implementación del empujador/remolcador fluvial multipropósito en el canal Tamengo e Hidrovía Paraguay-Paraná”, aprobado ese mismo año por Evo Morales, debía ser cumplido en 2010.
Las empresas coreanas no hicieron nada y los proyectos de barcazas fueron botados en un astillero chino.
Las dos empresas coreanas contratadas por Enabol nunca presentaron boletas de garantía. Al no cumplirse los plazos y sin boletas de garantía para ejecutarlas, la empresa estatal aceptó que ambas compañías coreanas transfirieran el contrato a un astillero chino.
Un problema adicional es que las barcazas permanecieron por un periodo prolongado en el astillero y comenzaron a deteriorarse al punto que el gobierno, en una primera instancia, las declaró “perdidas”.
Las barcazas no fueron recuperadas, los dineros no fueron rescatados y el Ministerio de Defensa no asumió ninguna responsabilidad. Sólo se procesaron a autoridades Enabol.
Caso Quiborax.
Después de 13 años de defensa legal deficiente, el Estado boliviano terminó pagando 42,6 millones de dólares a una empresa chilena, pudiendo haber erogado tres millones.
Estado del caso: en 2008 el recientemente creado Ministerio de la Defensa Legal de las Recuperaciones Estatales, y que estaba encabezado por Héctor Arce Zaconeta, rechazó la oferta de la compañía de concluir bilateralmente la negociación a cambio de un pago de tres millones de dólares y que la demanda de arbitraje, iniciada en 2004, no pase al Tribunal Internacional del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
De los tres millones de dólares que estaba dispuesta a cobrar la empresa en 2008, subió primero a 27 millones y luego a 40 millones en sólo un año. ¿Cómo en 12 meses se puede pasar de demandar tres millones a pedir 40? Después la empresa pidió 66 millones y finalmente 150 millones de dólares.
Transparencia Internacional.
Transparencia Internacional utiliza un sistema de puntos para evaluar la corrupción de cada país, con una escala que va desde el 0, que sería la corrupción absoluta, hasta el 100, la transparencia total. En 2020, dos tercios de los países del mundo no alcanzaron los 50 puntos.
“Se podría decir que dos tercios de los Estados del mundo son corruptos, pero, en parte, son los países que más alto puntúan los que hacen posible la corrupción de los que están al final de la lista”. Según Transparencia Internacional, su índice recoge, sobre todo, cuán habitual es el soborno, la malversación y el nepotismo en los distintos países, pero también si existen leyes contra la corrupción que realmente se aplican. La organización recibe información de expertos de los diferentes Estados.
SEPA MÁS: Raúl Peñaranda hace una relación de casos.
Empresa Constructora del Ejército. La compañía se declaró en quiebra, que provocó un daño al Estado de 40 millones de dólares. Estado del caso: paralizado en la justicia.
Herramientas y repuestos. La Fuerza Aérea fue acusada de la compra de herramientas y repuestos inservibles por 1,3 millones de bolivianos. No avanza el caso en la justicia.
La empresa Corsán Corviam, tras solamente haber completado el 25% del camino Ixiamas-San Buenaventura, abandonó las obras en 2017, pero cobró 49 millones de dólares. Como las letras de garantía fueron mal registradas, sus ejecutivos pudieron irse del país.
La China Railway se adjudicó la obra carretera Rurrenabaque-Riberalta en 579 millones de dólares. Hasta 2019, cuando se supone que la obra debería concluirse, sólo se había completado un 15% del total, pero la empresa recibió el 42% de los fondos.
Cuñada de Garcia Linera fue liberada del Caso Catering
REDACCIÓN CENTRAL.
El 25 de marzo de 2014, salió a la luz la firma de un contrato por 26,8 millones de bolivianos anuales entre la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) y la empresa de servicios de alimentos Air Catering, de propiedad de Silvana del Castillo, cuñada del entonces vicepresidente Álvaro García.
Se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por uso indebido de influencias, sin embargo, fue rechazada en dos oportunidades.
La primera se presentó el 14 de marzo de 2014 en contra de Ronald Casso, gerente general de BoA; su hermano, Winston Fabián Casso, jefe de seguridad de la Vicepresidencia, y Silvana del Castillo, por un supuesto uso indebido de influencias en la suscripción del contrato.
La segunda denuncia se presentó el 31 de marzo, pero también fue desechada por la Fiscalía de Cochabamba, por lo que el caso quedó fuera de las investigaciones judiciales.
La empresa se creó en marzo de 2013 y a fines de ese mismo año se adjudicó el contrato con BoA y en enero de 2014 empezó a prestar el servicio de refrigerios para los vuelos de la empresa.
En esa oportunidad, García Linera dijo desconocer tal extremo, por lo que pidió rescindir el contrato.
Además, la cuñada del Vicepresidente para salir del enredo anunció la transferencia de sus acciones.
Contratos Directos a Neurona Consulting.
En 2020 salió a luz que en la última gestión de Evo Morales, entre 2017 y 2018, se pagó al menos 1,3 millones de euros a la consultora mexicana Neurona Consulting, estrechamente vinculada con el partido español Podemos para la realización de 169 pequeños videos, de entre 30 segundos y dos minutos de duración. La información se conoció a través de la investigación del diario español El Mundo. De acuerdo con el detalle, la empresa mexicana cobró ese monto de dinero a través del Banco Central de Bolivia, en diciembre de 2018.
Los contratos adjudicados de manera directa fueron denunciados por irregularidades y que presumiblemente habría dejado un daño económico de alrededor de 12,4 millones de bolivianos. Se incurrió en delitos de uso indebido de influencias, conducta antieconómica y negociaciones incompatibles con la función pública.
33 CAMIONES DE CONTRABANDO ESTÁN EN NADA.
El 27 de julio de 2008, un convoy con 33 camiones evadió el puesto de control fronterizo en Pando. Los propietarios argumentaron que tenían permiso de un ministro, que ese año había regresado al Gabinete, Juan Ramón Quintana. Los vehículos fueron retenidos cerca de la población de Santa Rosa del Abuná, donde tras permanecer un mes rebasaron el Control Aduanero y huyeron con los camiones y la mercadería de contrabando. El caso fue denunciado por el entonces presidente de la Aduana, César López.
“El ministro Quintana se molestó y les reclamó a los comerciantes por su deshonestidad, señalándoles que el trato sólo era (para el paso) de 17 camiones y que habían faltado a la palabra y a su compromiso, y que (el tema) excepcionalmente se iba a resolver”, dijo en esa oportunidad López.
OPINIÓN EN TIEMPO DE BONANZA LA CORRUPCIÓN NO LLAMA LA ATENCIÓN
Los casos de corrupción de Evo Morales ocurrieron en tiempos de bonanza y cuando ocurren en tiempos de bonanza la gente se anestesia para valorar y dejarse impactar por los casos de corrupción, ese es un fenómeno que se va dando. Es más, el 2020 la gente ha votado por el bolsillo y no por consideraciones éticas del pasado, y esto nos está hablando que en la mayor parte de las encuestas, si bien todo el mundo está hablando respecto a la molestia con la corrupción, en la práctica la sociedad boliviana es muy tolerante con las mañas y el no cumplimiento de la ley.
Recién está emergiendo una ciudadanía, una masa crítica para cuestionar aquello, pero no revierte esta priorización de los temas económicos por encima de los temas éticos, ellos asocian a la gestión, votaron porque asociaron a Luis Arce con una bonanza. Este espejismo o no era una sensación térmica de bonanza.
En este momento la gente está preocupada por otra cosas y no movilizarse, por otro lado, hay como una especie de una adaptación de la gente, se rutinizan los escándalos de corrupción y hay cada vez menos capacidad de reacción.
Realmente debería haber una gran demanda por la reforma judicial, esa sería la solución para poder tener mecanismos para transparentar, y además para controlar la corrupción. El problema no es que no haya corrupción, en todos los gobiernos hay, en todos los países, pero no hay una institución para hacer justicia y revertir la impunidad, ese es el problema en Bolivia. Aquí en Bolivia son las multitudes, las masas y la opinión pública que sentencian a uno y a otros.
Fuente: Los Tiempos
