En Bolivia ya operan milicias
“La máxima autoridad militar debe aplicar el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal Militar”, aseguró Jorge Santistevan.
Fotos que circularon en redes sociales de grupos irregulares armados afines al MAS en noviembre de 2019, Fotos Internet Captura TLN.
Los grupos irregulares que conforman “milicias armadas” están presuntamente concentrados en el área rural como el Chapare y algunas provincias de los departamentos de La Paz y Santa Cruz; mientras que, en el área urbana, hay “visos de células tácticas”, manifestó a EL DIARIO el coronel en servicio pasivo del Ejército y abogado constitucionalista, Jorge Santistevan.
“La metodología de lucha, al no contar con aviación, lanza cohetes de mediano o largo alcance, armamento pesado ni explosivos de alta capacidad, aplicarían la estrategia de la pulga o con otra denominación, pero las tácticas serían las mismas”, dijo.
Apuntó que los objetivos estratégicos de estas “milicias” estarían orientadas a proporcionar apoyo al Movimiento al Socialismo (MAS) y su gobierno e influenciar en la toma de decisiones políticas, y por otra parte apoyar el monopolio del narcotráfico y otras drogas ilegales en el país.
“Si estas milicias se salieran del control de esa clase política que los fomenta, podrían proyectar su influencia hacia un mayor control político, por encima de los órganos del Estado, así como sucedió en Colombia, en el Perú y Paraguay, mientras que en Cuba, Nicaragua y Venezuela son la fuerza que sostiene la vigencia de las dictaduras”, apuntó.
Advirtió que en el futuro, estos grupos podrían ejecutar actos terroristas (sobornos, extorsiones, amenazas, atentados) sobre importantes personalidades, servicios públicos esenciales y vitales del Estado.
“Los perjudicados pueden ser principales políticos, empresarios, dirigentes de todos los sectores, medios de comunicación opositores y otros que no cooperen con el gobierno y las propias milicias”, advirtió.
Uniformados.
Santistevan dijo que las Fuerzas Armadas (FFAA) y la Policía Boliviana están en condiciones de neutralizar a estas milicias, mientras que la Fiscalía podría ejercer de oficio la persecución del delito, en toda o parte del territorio nacional a fin de que el Estado pueda retomar y mantener su presencia en cada rincón del país.
“No hay punto de comparación de una milicia ni otra organización con las FFAA de la nación, las primeras están al servicio de intereses políticos y económicos, mientras que las segundas estarán siempre al servicio de los bolivianos. Las primeras tan solo sirven a los enemigos de la patria y a un caudillo local, como a una mafia internacional caracterizada de una ideología socialista, mientras que las segundas estarán al servicio de los bolivianos y obrarán siempre con arreglo a lo dictado por sus conciencias, saldrán a defender al país como lo hicieron siempre”, dijo.
En esa línea, manifestó que las principales autoridades del Estado, tienen la obligación de cumplir su juramento a la nación y defender los intereses del país.
Modificación a la CPE.
El 21 de abril de 2021, la Coordinadora de la Defensa de la Democracia afín al MAS pidió que se autorice la conformación de milicias armadas, para ello demandó la modificación de la Constitución Política del Estado (CPE).
Al respecto, Santistevan dijo que el pronunciamiento tiene múltiples aristas, desde el punto de vista legal, político, social, económico, militar y geopolítico.
“El pronunciamiento de ese grupo afín al MAS es para atemorizar a los bolivianos, forma parte de un plan integral del partido de Gobierno bien estructurado, por cuanto ellos defenderán a toda costa el poder político, aún a costa del uso de las armas; para ello se organizan en milicias, de manera preventiva y actuarán según las circunstancias, sin embargo en este momento ellos acuden a este acto de manera pública inicialmente como parte de un plan de operaciones psicológicas para atemorizar, aterrorizar y desviar la atención de los principales problemas por los que atraviesa el país y el partido gobernante”, apuntó.
Manifestó que estos pronunciamientos se dan frente a un Gobierno “débil”, que muestra ser fuerte a través de la Policía, el Ministerio Público y la justicia en general, “utilizándolos” como elementos de represión para perseguir y encarcelar a dirigentes políticos, militares de alto rango, y algunos ciudadanos.
“Mientras el país está siendo invadido por una tercera arremetida de la covid 19, discursos discriminatorios en la distribución de las vacunas, pésimos resultados del partido gobernante en las elecciones departamentales, impactantes avasallamientos de parques nacionales y tierras indígenas, justicia represora al servicio del gobierno, vulneración a los derechos humanos colectivos e individuales, incremento de la pobreza y de muertes por enfermedades de base y por falta de seguridad ciudadana, que la sociedad parecería estar desamparada por los gobernantes, este grupo pide una Asamblea Constituyente para reformar una parte de la CPE, y eso no aplica para este caso, primero, porque se trataría de una reforma parcial de la constitución y segundo, es una petición que nace al margen de la ley, porque ningún partido político o caudillo, puede formar grupos armados con sus militantes para defender su gobierno y ampliar su mandato de manera indefinida”, advirtió.
En ese marco, dijo que la solicitud de ese grupo afín al MAS está infringiendo el artículo 124.3 de la CPE, 133 del Código Penal, concordante con el artículo 64 del Código Penal Militar.
“La máxima autoridad militar debe aplicar el artículo 16 del Código de Procedimiento Penal Militar, porque no cabe duda que ya existe este grupo de milicianos, y como toda organización de esta naturaleza después de nacer, crecen, y luego se expanden, ellos tienen dos características, primero: el apoyo externo, como el foro de Puebla, el foro San Pablo, la oligarquía económica internacional, a la cabeza de Soros, y la mafia internacional narcotraficante. Segundo: apoyo interno por una minoría política oligárquica que maneja el país, de tres o cuatro personas, a la cabeza de Evo Morales y los incondicionales que tiene a su alrededor. Ante estas evidencias las autoridades, civiles y militares deben hacer cumplir la ley”, apuntó.
Incautación.
Santistevan recordó que la semana pasada hubo un operativo en el Perú, donde incautaron un arsenal, proveniente de Bolivia, de 3 mil armas de fuego entre cortas y largas, miles de municiones, artefactos explosivos, y un audio en el que determinan que si no gana las elecciones Pedro Castillo (profesor senderista) ellos (Sendero Luminoso) tomarían el poder por medio de las armas.
“Esta situación es enormemente preocupante porque ese arsenal incautado salió de nuestro país y con seguridad en Bolivia debe haber mucho más que lo incautado en el Perú. Lo que podría generar un conflicto diplomático en corto plazo si la candidata Keiko Fujimori es elegida presidente”, apuntó.
En ese marco, manifestó que hay razones suficientes para que el Comando en Jefe de las FFAA incluyendo a la Policía cumplan su rol constitucional y planteen al Presidente del Estado los cursos de acción a seguir para frenar la expansión de estos grupos irregulares, controlar la tenencia y uso de armas, municiones y artefactos explosivos, ya que los mismos tendrían nexos con Sendero Luminoso, recientemente rearticulado y que actualmente controla cuatro poblaciones en el área rural del Perú.
“Ante la presente situación, si el Gobierno prefiere mantener el silencio será el responsable del inicio de un proceso político - social de graves consecuencias para el Estado y la sociedad”, dijo.
Asimismo, sostuvo que estos hechos ya no se pueden ocultar por más tiempo, por lo que urge salvaguardar la seguridad del Estado, la paz y el honor de la sociedad.
“Los gobernantes deben tomar en cuenta que ningún político es dueño de obrar a su antojo, por tanto deben acatar las leyes y hacer cumplir la misma. La sociedad boliviana espera que las autoridades civiles y militares sean acreedores de nuestra mayor admiración, adoptando salidas efectivas y no demagógicas, porque llegará el día que se normalizará la justicia y serenamente se investigará el pasado”, advirtió.
Jorge Santistevan.
Jorge Santistevan es coronel en servicio pasivo del Ejército, sirvió en la institución por 35 años. Fue instructor de la escuela de cóndores por cuatro años, especialista en inteligencia militar, fue comandante de una agrupación táctica en la erradicación de coca en el Chapare, asesor militar en la misión permanente de Bolivia ante las Naciones Unidas, agregado militar en la Embajada de Bolivia en la República del Paraguay, y allí representante del Gobierno boliviano ante el Mercosur para temas de seguridad ciudadana.
Es abogado constitucionalista y profesor universitario.
APUNTES.
Según el coronel en servicio pasivo del Ejército, Jorge Santistevan, las evidencias de que las milicias están vigentes y operan de forma abierta y algunas clandestinamente son los siguientes hechos:
- Apariciones de grupos armados en octubre y noviembre de 2019, asimismo a principios de 2020, con armas militares y de uso civil, lanzando consignas para sembrar terror.
- Ponchos rojos de Warisata, con armas militares, en apronte, a pie, montados y sobre vehículos motorizados.
- Personas seleccionadas por la dirigencia del MAS, que fueron entrenadas en tácticas y adoctrinamiento en distintas unidades militares del Ejército, en Montero, Sanandita, Chapare, Cochabamba y otras guarniciones.
- Creación y vigencia de la policía sindical en el trópico de Cochabamba, creadas por las seis federaciones de cocaleros del Chapare, quienes reemplazan a la Policía Boliviana en sus labores constitucionales.
- Policía minera y de servicio social en algunas áreas rurales.
- Robo de armamento.
- Enorme financiamiento distribuido de manera abierta para movilizar gente durante las protestas antes, durante y después de la renuncia de Evo Morales.
- Fabricación artesanal de explosivos y bombas molotov, parte de ellos encontrados en las instalaciones del ministerio de Turismo.
- Fabricación artesanal de morteros (arma típica usada en Nicaragua) descubiertos en Sacaba –Huayllani– en manos de campesinos provenientes del Chapare.
- Facundo Molares, argentino, miembro de las FARC, alias: Camilo, herido en las protestas de 2019, en el barrio de Cofadena, hoy goza de libertad gracias a las actuales autoridades.
- Protestas de personas afines al régimen de Evo Morales, que gritaban la consigna de “guerra civil” a tiempo de quemar selectivamente residencias particulares y sobrepasar a la Policía.
- Martin Serna, ciudadano peruano, miembro del MRTA. relacionado con los Tupamaru del Uruguay, quien acarreaba instructores milicianos al Chapare. Hoy prófugo.
- Tres ciudadanos cubanos detenidos el 2020, por realizar actividades de desestabilización del Gobierno.
- Simón Amaru reconoce que la Coordinadora tiene “amigos” venezolanos, cubanos, nicaragüenses entre otros, y desde el punto de vista de Santistevan, estos amigos no son para sembrar ni acullicar la hoja de coca sino para entrenar, capacitar y operar en toda o parte del territorio nacional, con sus milicias, previo adoctrinamiento y capacitación en la guerra de baja intensidad y guerra asimétrica. Las labores de Inteligencia se han intensificado en el país.
- El gobierno de Jeanine Añez identificó a dos células terroristas integrados por extranjeros que operan en Bolivia y también en Perú, Chile y Colombia
- El 01 de mayo aparece otra policía sindical (de la Central Obrera Boliviana) que protegió al presidente Luis Arce y su comitiva en el acto de conmemoración al día del trabajador en la ciudad de Santa Cruz.
- El resurgimiento de la guerrilla bolivariana para la nueva Colombia, “hermanos siameses” de los movimientos populistas.
- Incautación reciente de un arsenal de 3 mil armas de fuego entre cortas y largas, miles de municiones, artefactos explosivos que salió de Bolivia.
Fuente: El Diario
