Nueve familiares de "víctimas" de Senkata trabajan en el Estado
Estos dirigentes fueron contratados esta gestión, varios meses después de la posesión del presidente Luis Arce.
Imagenes de los enfrentamientos en Senkata en 2019. Fotos: Internet, El Día.
Entre enero y febrero del 2020 se realizaron varias reuniones con los representantes de las víctimas de los hechos de Senkata en El Alto, para llegar a un resarcimiento económico en favor de las familias. De los que participaron en esas citas, al menos nueve familiares trabajan como funcionarios de Gobierno en diferentes entidades.
En la documentación a la que accedió Página Siete Digital se informa que hubo varias reuniones para llegar a un acuerdo entre las partes. En enero sostuvieron tres diálogos, el 15, 27 y 30. Otras dos, el 4 y 27 de febrero. Para esas fechas ya estaba conformada la “Asociación de Víctimas de Senkata”.
En las listas figuran 26 ciudadanos que participaron en las citas de entendimiento. De ese número, nueve figuran como funcionarios públicos en dependencias gubernamentales, que fueron contratados en este 2021, entre febrero y junio, varios meses después del posesión del presidente Luis Arce.
Según información de la Contraloría, mediante el sistema de declaración jurada de bienes y rentas, Gloria Quisbert, quien firma dos documentos como presidenta de la “Asociación de Víctimas de Senkata”, fue contratada en el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural el 24 de mayo.
La secretaria vocal de esa organización, Damiana Quispe, ingresó a trabajar el 16 de mayo al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda. Franz Rodolfo Laura, representante de las víctimas que figura en listas, funge como funcionario del Ministerio de Gobierno a partir del 26 de febrero.
Otras personas de la nómina de representantes como Lola Ytusaca fue contratada en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social el 12 de marzo. Noemí Jiménez figura como funcionaria de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte desde 17 de Marzo.
Franklin Quisbert es dependiente del Ministerio de Defensa desde el 15 de junio. Remedios Zenteno fue empleada en el Centro de Comunicaciones La Paz el 18 de marzo. René Augusto Huanca ingresó a trabajar al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas el 17 de marzo. Jimena Choque ingresó a la Autoridad de Supervisión Sistema Financiero (ASFI) el 28 de abril.
Estas personas participaron en las distintas reuniones mencionadas, en las cuales además contaron con la presencia de diferentes exautoridades gubernamentales como el exministro de Justicia Álvaro Coimbra y el exviceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales y exgerente de Entel, Eddy Luis Franco. Ambas exautoridades están recluidas por los casos supuesto “golpe de Estado” y desvió de dinero de la estatal de telecomunicaciones, respectivamente.
Controversias internas en Senkata.
Mediante votos resolutivos emitidos en febrero del 2019 por la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH) El Alto denuncian que Marley Lazo, una de las integrantes de la Asociación de Víctimas Senkata, pretendía ser candidata por el Movimiento al Socialismo (MAS) y los dirigentes regionales de la sigla Freddy Rojas y David Cortés se hacían pasar como representantes de esa sociedad para viajar a Argentina a pedir dinero.
“Las víctimas de la masacre de Senkata El Alto, al haberse enterado que una integrante de la asociación (Marley Lazo), se presentó a nombre de las víctimas para ser candidata a senadora (por el MAS) sin nuestra consulta, además que la organización vecinal Fejuve El Alto avala a referida personas sin habernos consultado”, detalla uno de los votos resolutivos.
En una denuncia publica de la entidad de las víctimas señala: “en Asamblea General de Asociados decide declarar personas no gratas a Freddy Rojas y David Cortés, a la vez no se delegará ningún integrante de la asociación al vecino país de la Argentina, para recaudar dinero”.
Puntos de vista.
El exdiputado de oposición Amílcar Barral manifestó que el hecho de que los representantes de la víctimas de Senkata ingresen a la función pública, durante el actual Gobierno, demuestra que el MAS estuvo tras la movilizaciones en noviembre del 2019. Añadió que usan este tema políticamente para limpiar la imagen del expresidente Evo Morales.
“Lo que pasó en 2019 tiene un culpable principal y que no lo están tocando, que es Evo Morales. Si la justicia sería imparcial estoy seguro que estos (representantes de Senkata en la función pública) no serían única sorpresa. Están procesando a los miembro de la Resistencia Cochala por pintar 'Fuera Lanchipa' en Sucre, pero no procesan a los que han hecho caer pasarelas, la pared de la planta de Senkata, los que sacaron garrafas. Esa gente no está siendo investigada”, indicó.
Por su parte el representante del Derechos Humanos en El Alto, David Inca, dijo que otorgarles fuentes laborales a las víctimas está establecido en el Decreto Supremo 4176. Por lo cual este año se reunieron con representantes del Estado, en enero, para que los afectados de 2019 ingresen a trabajar a entidades gubernamentales.
“Lo que habíamos quedado es que por familia una persona deba ir a trabajar, pero lo definía la familia. No es irregular que esas personas estén trabajando en el Gobierno. En la gestión de la señora Añez no querían otorgar esta ayuda, nos decían que no había recursos. (…) Nos hemos reunido con el nuevo presidente (Luis Arce) el 15 de enero y en adelante se han hecho las gestiones (para que ingresen a trabajar)”, enfatizó.
El artículos 8 del DS 4176 firmado por la expresidenta Jeanine Añez especifica: “El Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social en el marco de sus competencias y en coordinación con la Unidad de Apoyo a la Gestión Social, priorizará en su bolsa de trabajo a los heridos y los familiares de los fallecidos producto de los conflictos suscitados en el país entre el 21 de octubre y 24 de noviembre de 2019”.
Al respecto Barral indicó que esta bolsa de trabajo también debería ser para las víctimas de Vila Vila y de Montero.
Fuente: Página Siete
