Denuncian que casos de corrupción en gestión de Arce quedan en la impunidad
A pocos meses de que el presidente Luis Arce cumpla medio periodo de la gestión gubernamental, se presentaron varias denuncias de corrupción que de a poco se quedan en la impunidad. De determinarse alguna responsabilidad, los involucrados son funcionarios de baja jerarquía. Entre otros casos se pueden mencionar el cobro de coimas o sobornos para adjudicar una carretera, ambulancias “fantasmas” y tráfico de exámenes.
Luis Arce y los masistas involucrados en hechos de corrupción. Fotos: Internet.
A fines de enero de 2023, se conoció el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2022, publicado por Transparencia Internacional. Este ubica a Bolivia en el puesto 126 entre 180 países, con una puntuación de 31 sobre 100.
Este registro mide la percepción de cuán corrupto es el sector público de cada país, de acuerdo con expertos y personas dedicadas a los negocios, según la explicación de Transparencia Internacional.
En ese contexto, algunos analistas observaron que en Bolivia las denuncias de corrupción, cuando involucran al gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), no prosperan, quedan en nada o sólo se encuentra responsabilidad en funcionarios de baja jerarquía.
“Todo lo que antes sólo la oposición denunciaba el tema de la corrupción en el gobierno, hoy se está secundando todas las denuncias, porque resulta que desde el propio MAS salen denuncias por acciones de la administración del presidente Luis Arce”, aseguró el economista y exdirigente sindical Lucio Gonzáles Alanes.
Resulta —agregó— que son los propios militantes del MAS que se están diciendo sus verdades, los renovadores y los radicales, y en todo caso es un hecho difícil de negar.
“Lo que se ve directamente es el fiel reflejo de una sociedad boliviana donde hay sectores que quieren un cargo público para servirse de él, porque lo ven como una salida rápida a su problema económico”, dijo en su oportunidad el abogado constitucionalista Paul Antonio Coca.
Denuncias.
Una de las últimas denuncias es contra el ministro de Minería, Ramiro Félix Villavicencio, por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y el uso indebido de influencias por la posesión irregular de los responsables de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM).
Entre los nombrados están Brenda Lafuente, Carmen Nilza López, Erick Ariñez (actualmente en funciones). La denuncia fue realizada por el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).
Sin embargo, en febrero, el Conade planteó una denuncia penal contra el presidente Arce por los delitos de nombramientos ilegales y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.
Le cuestionaron haber nombrado a Ramiro Villavicencio como ministro de Minería cuando este tiene un pliego de cargo de parte de la Contraloría por hechos cometidos cuando era gerente de la empresa Vinto.
La institución de defensa democrática fundamentó su demanda contra Arce en la justicia ordinaria, tomando en cuenta el antecedente de la expresidenta Jeanine Áñez, quien es procesada en esta instancia.
El nombramiento de Villavicencio es calificado como un acto de corrupción al más alto nivel. Al igual que en la gestión del expresidente Evo Morales, en este periodo de Arce en uno de los casos de corrupción está involucrada una empresa china.
El 31 de agosto de 2022, el diputado Héctor Arce (MAS) denunció en la Fiscalía General del Estado en Sucre a varios funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), entre ellos su presidente, Henry Nina, por presuntamente haber cobrado una coima de 18,6 millones de bolivianos a una empresa china.
Con esta acción se pretendía favorecer a la empresa China Harbour Engineering Company (CHEC) con la adjudicación de la construcción de la doble vía Sucre-Yamparáez.
En este caso, el Gobierno deslindó de responsabilidades al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, y al presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, pese a que este último fue acusado directamente por el testigo protegido del caso.
Solamente se investigó a los responsables del proceso de contratación y al representante de la empresa CHEC.
Ambulancias.
A un año del caso de las 41 ambulancias “fantasmas” en la Gobernación de Potosí, las denuncias de impunidad giran en torno a la máxima autoridad departamental, Jhonny Mamani (MAS).
El Gobernador fue cautelado con detención domiciliaria, pero en diciembre de 2022, en plena vacación judicial, el juez Raúl Raya le otorgó la libertad irrestricta.
Sin embargo, debido a la presión social, la justicia dio marcha atrás: un vocal le revocó la libertad y determinó el arresto domiciliario.
“Este Gobernador tiene actos de corrupción. Primero, desde que era alcalde, con 14 millones de los que no rindió cuentas. Luego la compra de vehículos para uso del personal del Gobernador, donde también hay actos de corrupción, compra de 41 ambulancias y otros”, precisó el diputado Hernán Hinojosa, del MAS.
Tráfico de exámenes.
El 12 de noviembre de 2021, Adrián Quelca dejó sus funciones como ministro de Educación en medio de denuncias de corrupción.
El caso salió a la luz en junio de 2021. Funcionarios del Ministerio de Educación detectaron que el director de Educación Superior, Agustín Tarifa, dejó abierta su cuenta de WhatsApp en una de las computadoras de la institución, por lo que se evidenció el envío de los exámenes a algunos postulantes a cargos directivos.
Presumiblemente, el exministro era quien enviaba instrucciones a Tarifa, vía WhatsApp, para la distribución de requisitos y exámenes a determinados postulantes (para cargos directivos departamentales, decanos, rectores de institutos y otros) que eran afines a Quelca.
Sin embargo, el exministro fue sobreseído, pese a la existencia de pruebas presentadas por la demandante, la entonces viceministra de Educación Superior, Aurea Balderrama.
En la última década, Bolivia emitió normativas —como registros de derechos y permisos de trabajo— con el objetivo de controlar la actividad minera. Pero muchas empresas incurren en irregularidades, pues tras obtener la autorización inicial del gobierno para estudiar la viabilidad del terreno, empiezan a excavar con maquinaria pesada.
Sin embargo, la ilegalidad va mucho más allá, toda vez que algunas empresas extranjeras se asocian con las cooperativas que ya tienen asignados terrenos de forma legal. Firman subcontratos a terceros para ayudar a financiar la excavación, incluido el suministro de herramientas para la minería, gasolina, mercurio, así como dragas para excavar los ríos.
Fuente: Los Tiempos
